Paridad en el registro público

Por Salma Naar

Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 14.002 en 2020, el organismo responsable de registrar sociedades, asociaciones y fundaciones ha implementado activamente nuevos criterios para garantizar la representación equitativa entre mujeres, varones y varones y diversidades en los órganos de gobierno.

Edificio de la Dirección de Personas Jurídicas

La Dirección de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) de Santa Fe, dependencia del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, desempeña un rol clave en el control y registro de entidades civiles y comerciales. Tras la sanción de la Ley de Paridad de Género N° 14.002 en octubre de 2020, el organismo asumió un nuevo desafío: fiscalizar el cumplimiento efectivo de esta normativa en las estructuras de las personas jurídicas.

El cambio normativo implica que las asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas y sociedades anónimas que estén inscriptas o busquen registrarse en la provincia deben respetar la paridad de género en la composición de sus comisiones directivas o consejos de administración. Esto significa garantizar una representación equitativa de varones, mujeres y personas del colectivo LGBTI+.

Trámites en Personas Jurídicas

Desde 2021, la IPJ rechaza inscripciones que no cumplan con esta exigencia, y solicita adecuaciones en los estatutos o la renovación de autoridades. En paralelo, se elaboraron resoluciones internas que guían el análisis de cada caso, contemplando excepciones fundadas cuando existen obstáculos reales para garantizar la paridad.

Uno de los avances más destacados fue la implementación de un protocolo interno de evaluación con enfoque de género, así como la capacitación del personal técnico y jurídico del organismo en perspectiva de derechos. La Dirección también colabora con otras áreas del gobierno provincial, como el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, para brindar asesoramiento a entidades que desconocen o enfrentan dificultades para adecuarse.

A cinco años de su sanción, la Ley de Paridad dejó de ser solo una norma novedosa para convertirse en una herramienta efectiva de transformación institucional. Con su aplicación sostenida, la Dirección de Personas Jurídicas consolidó criterios que promueven la equidad en los espacios de decisión. 

La paridad ya no se discute: se aplica, se exige, y transforma lo que durante décadas fue terreno exclusivo de varones. Su consolidación en organismos como la IPJ marca un avance real hacia una administración pública más equitativa.