Un camino hacia la igualdad

Por Gianluca Giovenal

Desde hace décadas, los movimientos feministas y de derechos humanos luchan por una justicia más representativa e igualitaria. Aunque en los últimos años se avanzó en normativas de paridad de género dentro del Poder Judicial, los efectos de estas políticas siguen siendo escasos.

Carmen Argibay asumiendo como jueza (1984)

Desde hace décadas, los movimientos feministas y de derechos humanos luchan por una justicia más representativa e igualitaria. Aunque en los últimos años se avanzó en normativas de paridad de género dentro del Poder Judicial, los efectos de estas políticas siguen siendo escasos.

Teniendo en cuenta que recién el 23 de septiembre de 1947 se promulgó la Ley 13.010 de Sufragio Femenino—reconoce el derecho de las mujeres a ejercer el voto y ser votadas para los cargos políticos nacionales, se puede decir que la participación de las mujeres en la política argentina es reciente. Por otro lado, la Constitución Nacional contiene una cláusula general de igualdad y cuenta con normas relativas ala participación política de las mujeres (arts. 37 y 75, inc. 22 y 23), pero no contiene explícitamente un principio general de representación paritaria. No existe en una ley general de paridad, pero sí una que la establece para la integración de las listas de candidatos para el Poder Legislativo (Ley de Paridad de Género 27.412).

Esta ley, sancionada en 2017, marcó un punto de inflexión para el acceso de las mujeres a cargos públicos. El Consejo de la Magistratura de la Nación incorporó criterios de equidad de género en los procesos de selección y evaluación de jueces y juezas, y algunas provincias han impulsado reformas en el mismo sentido. Por otro lado, el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023 no es aplicable al sistema de justicia, pero existen algunas normas administrativas que incorporan acciones afirmativas para garantizar la igualdad en los procesos de selección. A su vez, existen unidades a cargo de las políticas de género en las instituciones de justicia como la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión sobre Temáticas de Género del Ministerio Público de la Defensa, y Dirección General de Políticas de Género, cuyos objetivos apuntan a incorporar la perspectiva de género en cada una de estas instituciones.

Estos avances no son ajenos al contexto de movilización social impulsado por el movimiento Ni Una Menos, el crecimiento de la marea feminista en América Latina y los debates legislativos por el aborto legal. La lucha histórica que han encarnado mujeres como Carmen Argibay —primera mujer en integrar la Corte Suprema en 2004—, dejó una huella que hoy se traduce en nuevas generaciones comprometidas con la perspectiva de género.

Según datos del Mapa de Género de la Justicia del 2024, las mujeres conforman el30% de las máximas autoridades en el sistema judicial argentino, aunque representan el 57%del plantel total de la Justicia. El 61% de ellas son funcionarias. En espacios como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la jueza Elena Highton de Nolasco renunció en 2021, y desde entonces no ha sido designada ninguna otra mujer para ocupar ese lugar.

El panorama se agudiza con la falta de compromiso y ataque directo del gobierno de Javier Milei a estas políticas, cómo sucedió con el cierre del Ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades en 2024.

Es necesario preguntarse: ¿una justicia sin diversidad puede ser verdaderamente justa? El proceso es lento, pero está en marcha. Las leyes ayudan, pero la verdadera transformación comenzará con una sociedad más crítica y dispuesta al cambio.