¿Una comisión de asesoramiento permanente?

Por Dina Duré

La Banca de Mujeres, Género y Diversidades surge para impulsar políticas con perspectiva de género y erradicar desigualdades históricas. Aunque desde 2016 tiene reconocimiento formal, su funcionamiento irregular y la postergación de proyectos clave exponen tensiones entre sus objetivos y su práctica legislativa actual. 

Cámara de Diputados de Entre Ríos

Fue creada en 2012, originalmente bajo el nombre “Banca de la Mujer”. El proyecto fue presentado por diputadas pertenecientes en su mayoría al Partido Justicialista. Aparecen nombres reconocidos como Laura Stratta, Claudia Monjo, Rosario Romero o Leticia Angerosa.

Desde su creación, las reuniones del comité se dieron en forma esporádica. En 2013 para designar autoridades, y en julio de ese mismo año para organizar el encuentro “Las Mujeres en el Hacer Legislativo”. Tras un año de silencio, en 2015 fueron convocadas solamente para tratar el 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”.

 No es hasta 2016 que la comisión es incluida en el Reglamento de la Cámara por lo que “tenía un funcionamiento simbólico”, según declaraciones de su entonces presidenta Emilce Pross.

 En el marco de una ampliación de derechos durante el 2020 hubo en el parlamento una innovación reglamentaria, cambiando la denominación de la Banca a la que conocemos en la actualidad. Con el objetivo de que no sólo se limite a temas vinculados a mujeres y diversidades, sino que “se incorpore la igualdad de géneros en su más amplio sentido”, según el expediente 23.991.

Actualmente la comisión tiene una composición fundamentalmente femenina. Sin embargo, llama la atención que de 11 expedientes ingresados entre 2024 y 2025, seis son de autoría masculina.

La mayoría corresponden al integrante Juan Manuel Rossi, del  bloque Juntos por Entre Ríos. Uno de sus proyectos más polémicos en tratamiento, es el que propone la creación de un “Dispositivo de atención a varones contra la violencia de género”. Despertó críticas en distintos sectores debido a la falta de enfoque transversal y porque “en lugar de colocar los dispositivos y el dinero disponible en favor de las víctimas y del trabajo con ellas, los destina a los agresores”, señaló la docente universitaria Luciana Basso. 

Otros proyectos interesantes que no han tenido la oportunidad de ser abordados debido a reiteradas suspensiones son: la adhesión a la ley Olimpia de Violencia Digital, el acceso a una vivienda digna para mujeres víctimas de violencia, la creación del programa educativo “Crecer con igualdad” con el fin de prevenir y erradicar la violencia de género desde la infancia.