Democracia cruel: cuando el sufrimiento legitima el poder

Por Carlos Matteoda

Más allá del recorte fiscal, la narrativa oficial marca un quiebre de época: la construcción de un "ciudadano celador" que aplaude el sufrimiento ajeno. Mientras el motor de la batalla cultural es la destrucción de derechos sociales, se acrecienta el riesgo de conservar las formas institucionales en una democracia que se vacía de contenido.

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No es fácil explicar cómo, en la política actual, determinadas prácticas de exclusión, estigmatización y sufrimiento social dejaron de generar rechazo para convertirse en fuentes de legitimación política. Las derechas radicalizadas que avanzan en el mundo sostienen que los derechos sociales se contraponen a la libertad individual. En el capítulo "Las derechas radicales y las políticas de la crueldad", Ezequiel Ipar analiza este fenómeno a partir del concepto de "democracia cruel", una forma de organización política en la que subsisten las instituciones democráticas, pero constantemente se debilitan los principios fundantes de solidaridad e inclusión.

La narrativa de Javier Milei desde su llegada a la Presidencia identifica como enemigos a variados sectores como jubilados, trabajadores estatales, organizaciones sociales, universidades públicas, colectivos feministas y personas beneficiarias de políticas de asistencia. Más que una estrategia comunicacional, esa postura expresa una concepción diferente de la relación entre Estado, ciudadanía y derechos.

En las redes oficiales y en los discursos públicos, el anuncio de un recorte presupuestario, el desmantelamiento de un programa social o el despido masivo de trabajadores ya no se comunican como una dolorosa necesidad fiscal, sino con festejos y burlas. No es la “cirugía mayor sin anestesia” que el neoliberalismo menemista presentaba como un sacrificio ineludible, sino el regocijo de la motosierra irracional que se aplica contra "ratas inmundas", "parásitos mentales", "degenerados" y “basuras” que son identificados como los enemigos del progreso.

Los discapacitados y los jubilados son reprimidos por la policía a la vista de todo el mundo. El gobierno de Milei tilda de estafadores a los primeros y privilegiados a los segundos, aunque la discapacidad y la angustiosa sobrevivencia son hechos evidentes.

Esta puesta en escena no es una simple provocación discursiva ni un exceso de campaña; es la manifestación de un quiebre de época. El gobierno de Milei abandona deliberadamente las mediaciones tradicionales de la política y exhibe la violencia de manera directa y espectacularizada.

Liminaridad democrática

Es esta frontera difusa entre democracia y autoritarismo se inscribe el concepto de "democracia cruel" propuesto por Ipar, para denominar a un régimen en el cual se mantiene la formalidad de los derechos políticos, pero se produce un deterioro sistemático de los derechos individuales impulsado desde el propio Estado. El mecanismo no consiste solo en vulnerar derechos, sino en hacerlo públicamente. Esa naturalización del "sadismo como forma de participación política" moviliza la sospecha y el odio contra la ciudadanía social por parte de los argentinos de bien, que son el paradigma del modelo. 

La operación discursiva convierte a una población vulnerable en objeto de sospecha colectiva. Así queda claramente expuesto en la mirada que el gobierno tiene de la discapacidad, que deja de aparecer como una situación que requiere protección estatal para convertirse en un espacio potencial de fraude y abuso. En este marco puede interpretarse la polémica generada por las declaraciones del entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, durante un encuentro con el adolescente autista Ian Moche, a quien le reprochó no pagar el peaje en las autopistas; es decir, por ser beneficiario de una situación prevista por la legislación para personas con discapacidad.

No fue un exabrupto individual, sino la expresión de una lógica más amplia: presentar derechos legalmente reconocidos como privilegios indebidos. Así el foco deja de estar puesto en las adversidades que enfrentan las personas con discapacidad para desplazarse hacia la presunta ventaja que obtienen comparados con el resto de la sociedad. Del mismo modo se le atribuyeron condiciones culturales negativas cuando el presidente Milei lo llamó “operador político” o la diputada Lilia Lemoine dijo que el chico "actuaba como autista", adjudicándole falsedad a su neurodivergencia.

Incluso posteriormente, cuando se conocieron graves hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, las denuncias sobre funcionarios y estructuras estatales involucradas no tuvieron un nivel equivalente de condena política. Esta asimetría muestra cómo la sospecha se dirige prioritariamente hacia los sectores vulnerables antes que hacia quienes administran los recursos públicos y son denunciados por corrupción.

La estigmatización de los derechos se materializa cotidianamente cuando se califica a la "justicia social" como un robo y una aberración, invirtiendo la moralidad pública: quien reclama equidad o protección social es posicionado como un parásito que atenta contra el bienestar de los "argentinos de bien".

Igualmente, el discurso oficial banaliza los debates sobre femicidios y violencia de género, buscando desplazar la categoría de violencia estructural hacia una explicación individual de los hechos. Se busca así despolitizar el conflicto social y cuestionar la legitimidad de las políticas específicas de protección. La misma lógica justifica el cierre de programas de acompañamiento a víctimas de violencia y el cuestionamiento a la figura del femicidio, entre otros aspectos.  La narrativa oficial también asocia los términos feminismo, gasto público y privilegios con la intención de que las mujeres organizadas, los colectivos feministas o las personas destinatarias de políticas de género dejen de ser representadas como sujetos de derechos y pasan a ocupar el lugar de un adversario cultural contra el cual se moviliza parte de la opinión pública.

Celebrar el sufrimiento

Las nuevas derechas construyen una narrativa donde la igualdad deja de ser un valor positivo y los beneficiarios de políticas sociales son presentados como privilegiados que viven a costa de quienes trabajan. Así visto, los derechos sociales, laborales y humanos se conciben como un aspecto puramente negativo para la convivencia social. Ese entramado de derechos que caracterizó a la democracia argentina es presentado como el causante de la decadencia nacional.

Por lo tanto, el sufrimiento derivado del ajuste económico, los despidos masivos en el Estado, la licuación de las jubilaciones y el desfinanciamiento universitario no son presentados como daños colaterales indeseados, sino celebrados públicamente. Al fomentar la persecución de quienes demandan la intervención del Estado, el gobierno logra que una parte de la sociedad civil canalice su frustración aplaudiendo el dolor ajeno, consolidando así la fase más aguda de la liminaridad democrática.

El conflicto universitario es un ejemplo significativo. La discusión se desplazó del financiamiento del sistema educativo hacia la deslegitimación de docentes, investigadores y estudiantes, presentados como integrantes de una estructura privilegiada sostenida por recursos estatales.

“Con la tuya contribuyente”, es un latiguillo que resume la idea de otro que se da la gran vida a costa del ciudadano arquetípico mileista, ese ciudadano que se siente interpelado positivamente por la comunicación que exhibe la humillación de otros seres como medio para construir comunidades e identidades. A partir de la radicalización de la idea de la propiedad privada, que es asumida como un derecho superior a cualquier otro, se justifica no solo la exclusión sino también la agresividad.

El redireccionamiento discriminatorio de las políticas públicas - como el cierre del INADI o la eliminación del Ministerio de las Mujeres- y el deterioro de derechos individuales por razones ideológicas, reflejado en innumerables aspectos de la “batalla cultural” -como la criminalización de la protesta, los ataques al periodismo o la prohibición del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género- inducen cambios en los modelos de ciudadanía. De esta forma al ciudadano comprometido lo reemplazan las figuras de cliente, competidor y usuario, pero además se impone la figura del “ciudadano celador” que vigila y castiga los excesos en las demandas de justicia social.

La principal novedad no es entonces la existencia de políticas de ajuste, aunque en el caso actual sea de una magnitud inimaginable, sino en la manera en que esas decisiones son comunicadas y celebradas públicamente: la crueldad deja de ocultarse y se convierte en un recurso de construcción política.

Allí reside el principal riesgo que identifica Ipar: la forma en que una democracia puede conservar elecciones periódicas e instituciones formales mientras se debilitan progresivamente los valores de solidaridad, igualdad y protección que históricamente la sostuvieron.

(Elaborado en base al capítulo 10 “Las derechas radicales y las políticas de crueldad” del libro Desquiciados. Los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha, coordinado por Alejandro Grimson).

La foto es solo ilustrativa.