Extractivismo en disputa: desarrollo, soberanía y la búsqueda del cambio

por Brian Panizza

Bajo promesas de industrialización, modernización y desarrollo de las fuerzas productivas, Argentina se encuentra en un debate sobre la estructura de producción. El gobierno nacional y el provincial abogan por un modelo de producción a costa de dañar el medio ambiente y en beneficio de empresas privadas. Por su parte, activistas y profesionales en el área buscan salir de un modelo extractivo sin romper con su inserción periférica en la economía global.

---

Mientras el dragado del Paraná reaviva el conflicto en Entre Ríos y expone el peso de la hidrovía en el comercio exterior, crecen las resistencias territoriales y los cuestionamientos al discurso del “valor agregado” y “modernización” del gobierno nacional y el gobierno provincial. Si bien no es el primer caso de implementación del modelo extractivismo en nuestra región, la extracción intensiva de arena silícea en el sur provincial (departamentos Ibicuy, Victoria, Diamante) para abastecer el fracking en Vaca Muerta ha sido apuntado como uno de los responsables de la destrucción de los humedales. Sin una alternativa consolidada al modelo extractivista, todo el país transita una tensión persistente entre desarrollo, ambiente y soberanía y un debate sobre un modelo alternativo.

En Argentina, el debate sobre el extractivismo ya no gira únicamente en torno a qué se produce, sino a cómo, para quién y bajo qué horizonte de desarrollo. Lejos de existir un modelo alternativo consolidado, lo que emerge es un campo de disputas donde conviven estrategias heterogéneas: industrialización, economía del conocimiento, transición ecológica y reconfiguración territorial. Sin embargo, todas enfrentan un mismo límite estructural: la inserción periférica en la división internacional del trabajo.

¿Existe un modelo alternativo al extractivismo?

El extractivismo en el país no puede reducirse a sectores específicos como la minería o el agro. Tal como señalan investigaciones del CONICET, se trata de un patrón de acumulación que atraviesa incluso actividades consideradas “modernas”. El agronegocio, por ejemplo, constituye una forma de extractivismo extendido. En este marco, el modelo argentino combina rasgos neoliberales con dinámicas neoextractivistas, donde conviven la intervención estatal y la fuerte presencia de capitales transnacionales. El problema, entonces, no es solo productivo, sino profundamente político.

En Entre Ríos, el dragado del Paraná busca imponer en la provincia el modelo extractivista que se argumenta bajo una supuesta visión "productivista" y de reducción de costos logísticos. En este sentido, las organizaciones territoriales denuncian que esa "eficiencia" se paga con ecosistemas destruidos y entrega de soberanía.

Frente a este escenario, distintas alternativas han sido propuestas desde la literatura académica y los espacios políticos: industrialización con encadenamientos productivos, economía del conocimiento, transición energética, economías populares y economía circular. No obstante, estas estrategias no logran romper del todo con la lógica extractiva, en gran medida porque siguen insertas en una estructura global que condiciona los márgenes de autonomía.

Frente a esto, la campaña “Remar Contracorriente, por el Agua, la Vida y la Soberanía” y el “Foro por la Recuperación del Paraná” lanzó la la travesía “Salvemos el Paraná y sus Humedales”. Esta comenzó el 7 de marzo y culminará el 21 de marzo de 2026, recorriendo el río Paraná desde Puerto Las Palmas (Chaco) hasta la ciudad de Rosario (Santa Fe). Su propuesta es rechazar el dragado a 44 pies frente a los 25 pies actuales, que constituye un ecocidio, sin ningún estudio de impacto ambiental.

La hidrovía es la principal arteria del comercio exterior argentino. Por ella circula cerca del 80% de las exportaciones del país, principalmente granos y subproductos del agronegocio. Empresas multinacionales como ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus y la china COFCO controlan buena parte de ese flujo. Según el investigador Álvaro Álvarez, en Argentina existen 101 puertos con capacidad exportadora y el 70% está en manos privadas y mayoritariamente extranjeras.

Como menciono arriba, no hay una propuesta alternativa clara más allá de las denuncias puntuales. Lo más coherente es la propuesta de la izquierda de renacionalizar los puertos – en su totalidad – y ponerlos bajo control de las y los trabajadores.

Si hablamos de la extracción intensiva de arena silícea en el sur provincial (departamentos Ibicuy, Victoria, Diamante), tenemos que mencionar que ya la Justicia ordenó al Gobierno de Entre Ríos entregar información tras la solicitud presentada por CAUCE en noviembre de 2024. En este caso la alternativa es hacerle frente a una actividad tan contaminante y destructiva como es el fracking y buscar otras formas de desarrollo que no sean contaminantes como la transición hacia energías renovables (solar, eólica, geotérmica) y la eficiencia energética para reducir la dependencia de combustibles fósiles, como plantean en el Observatorio Petrolero Sur [OPSur].

El CONICET y las Universidades han estudiado la posibilidad de presentar modelos de producción alternativos al extractivismo, y si bien hubo un avance con los Polos Tecnológicos que luego tuvieron extensiones provinciales, nunca se logró una articulación tal que permitiera la consolidación de caminos alternativos, y ahora que hubo un giro en las políticas de Estado con la llegada de Javier Milei, el desfinanciamiento de la ciencia es total, mientras se profundizan los negocios del modelo extractivista con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El modelo de Valor Agregado: una construcción discursiva

En este contexto, el concepto de “valor agregado” adquiere centralidad, aunque no exenta de ambigüedades. Más que una categoría estrictamente económica, funciona como una construcción discursiva que promete modernización y desarrollo. Se presenta como el paso necesario para dejar de exportar “naturaleza” y comenzar a exportar “trabajo” y “conocimiento”. Sin embargo, muchas veces esta retórica encubre procesos limitados de transformación: industrializaciones parciales, bajo contenido tecnológico local y dependencia de los precios internacionales.

Como advierte Maristella Svampa, el neoextractivismo tensiona permanentemente la retórica del desarrollo, al priorizar el crecimiento inmediato por sobre la sustentabilidad a largo plazo. En esa línea, el “valor agregado” puede operar como un significante vacío o incluso como un legitimador del propio extractivismo, sin alterar sus bases estructurales.

En el caso de la Hidrovia, Frigerio argumenta que el dragado “potencia la integración productiva con el Mercosur y nos permite desarrollar una agenda común de progreso basada en la logística, la producción y el trabajo”.

El Rol de los Gobiernos Provinciales

Los gobiernos provinciales, por su parte, ocupan un rol clave pero contradictorio. En tanto administradores de los recursos naturales, despliegan políticas de promoción industrial, crean parques industriales y compiten por atraer inversiones mediante beneficios fiscales. Sin embargo, estas estrategias suelen reforzar el perfil primario-exportador, generando enclaves productivos con escaso derrame local. Las provincias oscilan entre ser promotoras del extractivismo, reguladoras débiles o mediadoras de conflictos socioambientales, pero rara vez logran consolidarse como planificadoras de un desarrollo integral.

Por ejemplo cuando el gobierno nacional junto al gobierno provincial anunciaron la incorporación de Entre Ríos a la hidrovía Paraná–Paraguay mediante el dragado del tramo Paraná Bravo–Paraná Guazú, lo hicieron bajo el argumento de que es: “una hidrovía que generará gran desarrollo y empleo para nuestra provincia. Ese es el norte de nuestra administración: generar empleo de calidad". El argumento por supuesto que generó rechazo desde las organizaciones ecologistas, y el gobierno de Frigerio lo que busca en realidad es hacer negocios con el capital privado.

A abril de 2026 dos empresas belgas continúan en carrera para la gestión de la Vía Navegable Troncal, una es Jan De Nul Group, histórica empresa belga que operó la hidrovía durante las últimas décadas y compite para continuar, y la otra es DEME Group, que se dedica al dragado y servicios marítimos y busca quedarse con la licitación, con intereses de inversión estadounidense; también aparece una empresa brasileña en la competencia llamada DTA Engenharia, aunque según informes recientes, quedó fuera de la competencia.

En otro aspecto, desde que asumió Frigerio, entre fines de 2023 y abril de 2026, la provincia enfrenta una crisis laboral severa, con la pérdida de entre 6.400 y 8.300 puestos de trabajo formales y el cierre de más de 850 empresas. La construcción (cayó un 38%) y las Pymes son los más afectados por la parálisis de la obra pública y la caída del consumo interno. Un informe del propio Indec indica el cierre de 854 a 982 empresas empleadoras, lo que representa una caída del 5,5% al 5,6% del total, superior al promedio nacional. A nivel nacional se informa que se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo, lo cual nos demuestra que las políticas que se están tomando desde 2023 están dañando la industria nacional, y el giro hacia políticas de privatizaciones de sectores estratégicos y recursos naturales, con el supuesto argumento de que es para generar nuevos puestos de trabajo, solo demuestra que son otros los intereses que se intentan defender.

Ciencia, Tecnología y Activismo Ambiental hacia un post-extractivo

En este entramado, la ciencia y la tecnología aparecen como condiciones necesarias —aunque no suficientes— para una transformación real. La creación de Polos Tecnológicos durante el gobierno de Cristina Kirchner fue un avance en la búsqueda de modelos alternativos que apostó a la democratización de permitirle a los trabajadores del CONICET el estudio y desarrollo en búsqueda de un sistema científico-tecnológico en conjunto con las Universidades, para tratar de resolver problemas específicos de las cadenas de valor locales. Algunas propuestas desarrolladas son la biotecnología aplicada al agro o el litio para baterías. Sin embargo, la articulación entre el sistema científico (universidades, CONICET) y la producción sigue siendo fragmentaria, con baja inversión y alta dependencia externa.

Modelos como los sistemas regionales de innovación o la “triple hélice” (Estado–universidad–empresa) se presentan como caminos posibles para desarrollar alternativas, pero su implementación en Argentina es aún discontinua y mucho mas desde que asume el gobierno de Javier Milei y logró aplicar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Por ejemplo, en nuestra provincia existe el Polo Tecnológico del Paraná, pero su agenda está más enfocada en el emprendedurismo que en buscar alternativas al extractivismo.

Al mismo tiempo, el activismo ambiental ha ganado protagonismo como actor político. Las asambleas ciudadanas no sólo han frenado proyectos extractivos – como ocurrió en Mendoza – sino que han instalado el debate sobre los límites ecológicos y la necesidad de una “licencia social” para el desarrollo. Eduardo Gudynas, destacado analista uruguayo del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), propone una transición hacia la sustentabilidad fuerte fundamentada en la justicia ecológica, la valoración biocéntrica y los derechos de la naturaleza, especialmente relevantes en contextos andino-amazónicos.

Lo mas interesante de este debate es que, pese a que su argumento es el desarrollo de las fuerzas productivas, la relación entre trabajo y desarrollo revela una de las principales limitaciones del modelo extractivo: su baja capacidad de generar empleo. Se trata de actividades altamente productivas pero poco intensivas en mano de obra, con impactos laborales acotados y, en muchos casos, precarizados. Las alternativas como la economía verde, la industria o los servicios intensivos en conocimiento prometen mayor densidad productiva y mejores condiciones laborales, aunque todavía no logran consolidarse como eje estructurante.

En definitiva, la transición hacia un modelo post-extractivo en Argentina no depende únicamente de decisiones técnicas o políticas sectoriales. Implica una transformación más profunda: repensar el lugar del país en el mundo, redefinir el sentido del desarrollo y construir nuevas formas de articulación entre Estado, mercado y sociedad. Mientras tanto, el riesgo es claro: que el discurso del cambio conviva, una vez más, con la persistencia de las viejas estructuras.