Salarios y empleo: tensiones del modelo entrerriano ante la reforma laboral

elceiboportal
10 may
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Por Helena Server

En una provincia con un perfil productivo agroindustrial, salarios por debajo del promedio nacional, alta proporción de empleo estatal y bajos niveles de formalidad de los privados, la nueva ley laboral abre interrogantes sobre los efectos reales que tendrá en la producción, el trabajo y los ingresos.

El mercado laboral entrerriano presenta características estructurales que deben ser tenidas en cuenta al momento de evaluar el impacto que tendrá la reforma laboral que ha entrado en vigencia en el país.

La provincia sostiene una matriz productiva basada en actividades agroindustriales, con un peso significativo de exportaciones. Este perfil implica niveles relativamente bajos de valor agregado y convive con una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas. En un contexto de inestabilidad económica, como el que atraviesa la Argentina en el presente, estos factores limitan la capacidad de generar empleo de calidad y duradero. A su vez, este se concentra mayormente en el sector terciario (comercio y servicios). Otra particularidad en la provincia es la alta cantidad de empleo estatal.

La discusión sobre cambios en la legislación laboral se da en un contexto donde la generación de empleo ya enfrenta restricciones estructurales. A esto se suma un proceso más amplio de deterioro del poder adquisitivo y estancamiento general de los salarios.

Distintas voces y posibles impactos

La discusión en torno al impacto de la reforma laboral pone en juego una heterogeneidad de posiciones. Distintos actores —a nivel nacional y provincial— construyen interpretaciones divergentes sobre sus posibles efectos en el empleo, los salarios y la producción.

Desde el gobierno nacional, la reforma laboral es planteada como una herramienta central para dinamizar el mercado de trabajo. El diagnóstico oficial sostiene que el problema del empleo en Argentina y, por lo tanto, en Entre Ríos, radica entre otras cosas en la alta litigiosidad laboral, la rigidez normativa para contratar y sus altos costos. En ese marco, las medidas de flexibilización —como la reducción de costos de despido, la ampliación de modalidades contractuales y la baja de impuestos— aumentarán los incentivos a la contratación.

En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio ha sostenido una posición en línea con esta visión. Al gobierno provincial se suman quienes integran el llamado “Círculo Rojo de Entre Ríos”: referentes del sector empresarial y productivo de la provincia, incluyendo por ejemplo entidades como la Unión Industrial de Entre Ríos y el Consejo Empresario de Entre Ríos.

Estos actores apuntaban especialmente a la parte de la reforma que contemplaba una reducción impositiva, como la baja en las alícuotas del impuesto a las ganancias (Art. 190). El proyecto de ley, en su redacción original, proponía reducir la alícuota del 30% al 27% con el objetivo de mejorar la competitividad y fomentar la inversión. Sin embargo, este punto fue finalmente eliminado del dictamen convertido en ley tras el rechazo de gobernadores de distintos espacios políticos, que advirtieron sobre el impacto que tendría en la recaudación y en los recursos de coparticipación. De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) esta caída de recursos se estimaba en $53.000 millones.

Para los partidarios de la reforma, esta inicial baja de los recursos hubiera sido subsanada con el incremento del empleo formal y la profundización de los recortes en el gasto público. Desde el gobierno nacional se sostenía que esa pérdida se podría haber compensado con un mayor nivel de actividad y más empleo formal, aunque distintos análisis señalaron que esa recuperación sería gradual. En este contexto, la eliminación del artículo aparece como una decisión política para destrabar la aprobación de la reforma y evitar un impacto inmediato en las cuentas provinciales. Aun así, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, era uno de los pocos gobernadores que mantenían su apoyo incondicional a la reforma.

Empleo estatal y servicios esenciales

La fuerte presencia del empleo estatal en Entre Ríos vuelve especialmente relevante el vínculo entre la legislación laboral, los servicios esenciales y el derecho a huelga. Sectores como la educación y la salud concentran una parte importante del empleo público y, al mismo tiempo, cumplen funciones que no pueden interrumpirse completamente. En este contexto, el derecho a huelga —una herramienta central de reclamo para los trabajadores— suele estar sujeto a ciertas regulaciones, como la garantía de servicios mínimos.

En el marco de la nueva ley laboral, este vínculo adquiere una relevancia particular. La norma incorporó modificaciones en el régimen de huelga en actividades consideradas esenciales, estableciendo la obligación de garantizar niveles mínimos de funcionamiento durante las medidas de fuerza. En algunos casos, estos deben alcanzar hasta el 75% de la prestación habitual del servicio, lo que limita el alcance efectivo de los paros. Estas disposiciones forman parte del capítulo de la reforma que regula los conflictos colectivos y los servicios esenciales, donde se fijan condiciones más estrictas para el ejercicio del derecho a huelga. Esta disposición impacta especialmente en provincias en las que el empleo estatal es predominante.

En Entre Ríos, este debate se refleja con fuerza en el sector docente. Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), dirigentes gremiales han señalado que las medidas de fuerza forman parte central de la negociación salarial y han destacado el alto nivel de adhesión a los paros en la provincia en contextos de conflicto. En ese marco, cuestionaron las limitaciones al derecho a huelga lo que reducirá la capacidad de los trabajadores para sostener sus reclamos, en un escenario atravesado por la pérdida del poder adquisitivo y tensiones en las paritarias.

Críticas y oposición

En Entre Ríos, las voces críticas a la reforma laboral se articularon principalmente en el campo sindical, en sectores del peronismo provincial y organizaciones sociales, que coincidieron en advertir sobre sus posibles efectos negativos en el empleo y los ingresos.

Alertaron que las modificaciones reducirán el poder de negociación de los trabajadores, debilitarán su estabilidad y no mejorarán su situación de informalidad. Las centrales sindicales y distintas organizaciones sociales expresaron un rechazo más contundente a la reforma. Entre los principales cuestionamientos se destacan la precarización laboral, la pérdida de derechos adquiridos y mayor asimetría en la relación entre empleador y trabajador, relación que por naturaleza ya es asimétrica. Según declaraciones tomadas por Elonce Digital en diciembre de 2025, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Entre Ríos advirtió que, en un contexto de salarios congelados y pérdida de poder adquisitivo, la reforma iba a profundizar el deterioro de las condiciones laborales.En la misma línea, el Partido Justicialista de Entre Ríos sostuvo en un comunicado de diciembre del 2025 que la reforma se impulsó en un escenario de caída del poder adquisitivo, cierre de comercios y pérdida de empleos, lo que —según esta fuerza— condiciona sus posibles efectos sobre el mercado laboral.

Desde este enfoque, la crisis del empleo no se explicaría por la rigidez normativa o la litigiosidad, sino por un deterioro sostenido de los ingresos y de la actividad económica. Bajo esta perspectiva, una reforma centrada en la flexibilización tendrá efectos limitados en la creación de empleo y, al mismo tiempo, impactará en la calidad del trabajo y en el nivel de los salarios.

Fuentes utilizadas